De momento nadie debiera preocuparse. Este
país nuestro, llamado España, aunque algunos no lo reconozcan como tal, ha
estado acostumbrado, durante siglos, a que las cosas ocurran por la fuerza.
Quizá por eso, incluso ahora, y en años
pasados, no se le diera la importancia que tuvieron a aquellos sesudos señores
de pensamientos e ideologías tan dispares, a la hora de dar por buena, después
de miles de horas de reuniones y debates, la Carta Magna que nos rige desde
mil novecientos setenta y ocho. Aquellas personas pusieron todo su empeño para
que ningún acontecimiento convulso, por muy multitudinario que fuera, pudiera
alterar o descomponer el orden constitucional.
De vez en cuando, desde algunos sectores de
la sociedad, o incluso desde algún gobierno autonómico, se alza mucho la voz,
se intenta coaccionar al gobierno de la nación, surgen concentraciones o
manifestaciones multitudinarias reclamando derechos sesgados de cuajo o
exigiendo casi utópicas reivindicaciones, aunque no imposibles, pero recalco
que de muy difícil consecución.
A poco que me haya expresado con claridad,
se entenderá que me estoy refiriendo a lo mismo sobre lo que cientos de
personas han escrito y opinado durante estos últimos días. El traslado del presidente
de la Generalitat
de Cataluña, D. Artur Mas, al presidente del gobierno español, D. Mariano
Rajoy, del sentimiento de una parte de la sociedad catalana de separarse de
España y formar una nación propia. No hay que pasar por alto el derecho de autodeterminación
de los pueblos recogido en la
Carta de Derechos de las Naciones Unidas. Este derecho
reconoce a los pueblos a que decidan lo que quieren ser, pero en ningún caso es
vinculante, sino que lo subordina a las leyes de cada país. Hasta aquí nada extraño,
pero el presidente español no es quién para conceder nada a nadie y el señor
Mas conoce de sobra los procedimientos que debe poner en práctica para obtener
tamaña petición. La iniciativa de reforma constitucional, remite a su gobierno
autonómico, a través de una Asamblea, a solicitar al gobierno de la nación la
adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley,
delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su
defensa (Art. 87-2 de la
Constitución).
¿Y ahora qué? De momento nada. El gobierno
de la Generalitat
de Cataluña podría perfectamente promover una reforma constitucional para
separarse de España mediante el procedimiento anterior. Lo realmente complicado
vendría a continuación. El artículo 168 de la Constitución no deja
dudas al respecto.
“Art.
168.
1. Cuando se propusiera la revisión total de la Constitución o una
parcial que afecte al Título preeliminar…(como es el caso, que en su artículo 2
dice: La Constitución
se fundamenta en la indivisible unidad de la Nación española, patria común e indivisible de
todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas)…se
procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada
Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.
2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la
decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser
aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes
Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.”
Todo esto, no para conseguir
la independencia, sino sólo para reformar la Constitución,
concretamente el artículo 2 del Título Preeliminar. Difícil me lo pones y largo
me lo fías, podríamos resumir.
¿Ya nadie se acuerda del “run
run” de Ibarretxe? ¿Dónde está su plan? ¿Y el propio Ibarretxe? No sé si a D.
Artur le sucederá lo mismo. Lo que le ha quedado claro después de su reunión con
el presidente de todos los españoles, incluso de él, es que no le apetece
romperse la cabeza dándose cabezazos contra el muro del Estado español. ¡La
reunión no ha ido bien! ¿Cómo esperaba que fuera? Él sabía de antemano lo que
iba a ocurrir pero estaba obligado, una vez alzado el telón, ante la
multitudinaria asistencia de público, a comenzar la representación.
El primer acto ha concluido.
¿Cuál será el segundo? ¿La convocatoria de elecciones anticipadas? ¡Efectivamente!
¿Qué más da? El nuevo gobierno autonómico, por muy independentista que salga,
deberá seguir el procedimiento establecido en la Constitución para
lograr su reivindicación. No sólo depende de ellos, aún respetándolos, también
depende del resto de los españoles.
Los que estén a favor pónganse
a ello siguiendo los procedimientos constitucionales, pero de ningún modo ya
nada debiera ocurrir por la fuerza.
Luis Fernando Berenguer Sánchez
23 de
septiembre de 2012
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